Desde Lima
La excandidata presidencial y jefa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reveló este sábado que ha presentado un pedido al Tribunal Constitucional (TC) para que libere a su padre, el exdictador Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. La hija y heredera política del exdictador señaló que espera que el TC tome esa decisión “en los próximos días” o incluso “en las próximas horas”.
Keiko hizo este pedido al TC después que el viernes un juez rechazara ordenar la libertad de Fujimori luego que el Tribunal Constitucional emitiera un fallo señalando la validez del indulto otorgado al exdictador en diciembre 2017, después anulado, y le trasladara el caso a un juez para que en base a esta decisión decida sobre la libertad del encarcelado expresidente de 85 años. El juez de investigación preparatoria de la región de Ica, Fernando Vicente Fernández, declaró improcedente la ejecución de la sentencia del TC que declara vigente el indulto a Fujimori. Señaló no tener competencia para pronunciarse por considerar que no le corresponde a su despacho sino al TC emitir un pronunciamiento sobre la ejecución de su propia sentencia que pretende restituir el indulto a Fujimori. Devolvió el expediente al TC. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ha ordenado al Estado peruano no aplicar el indulto a Fujimori por considerar que fue otorgado en forma ilegal. Fujimori encabezó un gobierno autoritario, acusado de violaciones a los derechos humanos y corrupción, entre 1990 y 2000.
El optimiso de Keiko
“Hubiésemos esperado que el juez de Ica hubiese ordenado la libertad, pero él se declaró incompetente. Lo que corresponde ahora es que sea el propio Tribunal Constitucional quien ejecute su propio fallo. Estamos a la espera, confiamos que en los próximos días, o en las próximas horas, mi padre finalmente pueda estar en libertad”, señaló Keiko luego de visitar a su padre en la prisión VIP de un cuartel policial donde cumple condena. Keiko expresó su confianza en el fallo del TC. Los magistrados de este tribunal fueron elegidos en el Congreso con votos del fujimorismo y sus aliados.
Keiko presentó el pedido al TC para la liberación de su padre junto con su hermano, el excongresista Kenji, con quien hace un tiempo mantuvo una guerra política por el control del fujimorismo. Ambos hermanos enfrentan procesos judiciales. Keiko está acusada de recibir aportes ocultos de grandes empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, y de lavar más de 15 millones de dólares de esos aportes, y enfrenta un pedido fiscal de 30 años de prisión. Kenji fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión -sentencia que ha apelado por lo que todavía no se ejecuta- por la compra de votos en el Congreso para canjear el indulto a su padre por votos fujimoristas para evitar la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por cargos de corrupción. Eso dio origen al indulto que Kuczynski le dio a Fujimori en la Navidad de 2017. Indulto luego anulado por haberse otorgado ilegalmente. Se alegó legando razones humanitarias por un supuesto grave estado de salud que no era real. Ahora el TC pretende restituirlo.
Luego del rechazo del juez de Ica, los hijos del exdictador le han pedido al TC que aplique directamente su fallo a favor del indulto. Pero esa sentencia no ordena la libertad de Fujimori. Esa es la intención de la sentencia -lo ratificó abiertamente el presidente del TC Francisco Morales– pero no lo dice explícitamente. El fallo se limita a ratificar la validez del indulto y traslada la decisión sobre la liberación del exmandatario al juez que declaró improcedente ese pedido. Por lo tanto, aplicar el reciente fallo del TC, como exige la familia Fujimori, no implicaría, si se cumple estrictamente lo que dice esa sentencia, la automática libertad del exdictador. Para ello, el TC debería emitir otra sentencia ordenando, esta vez explícitamente, la liberación de Fujimori, lo que evitó hacer en su reciente fallo, trasladándole esa responsabilidad al juez, quien decidió no asumirla.
«Negociación corrupta»
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha expresado que el indulto a Fujimori “fue producto de una negociación corrupta” entre el entonces presidente Kuczynski y Kenji Fujimori y que la Corte IDH ha dicho que “el indulto y la libertad de Fujimori no se pueden ejecutar”. Señala que “por estas razones y por ser una afrenta a la justicia y a la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, delitos por los cuales fue condenado Fujimori, exigimos que el Estado se abstenga de aplicar la resolución del Tribunal Constitucional, y demandamos al Poder Judicial respetar lo señalado por la Justicia Supranacional y así evitar un indulto completamente ilegal”.
Unos meses después que Fujimori saliera en libertad por el cuestionado indulto que le dio Kuczynski, lo que gatilló protestas ciudadanas, en mayo de 2018 la Corte IDH se pronunció en contra de la legalidad del indulto y emitió una resolución para que las autoridades peruanas lo revisen. En octubre de ese año, como consecuencia de esa revisión, un juez anuló el indulto y Fujimori volvió a prisión. En marzo de 2022, el TC, en un fallo muy cuestionado, se pronunció a favor del indulto que había sido anulado. Fujimori esperaba su libertad con esa decisión, pero la Corte IDH se volvió a pronunciar contra la legalidad del indulto por no cumplir los requisitos para un indulto humanitario, y le ordenó al Estado peruano que se abstenga de aplicarlo. El reciente fallo del TC ratifica su decisión de marzo de 2022, validando el cuestionado indulto y desconociendo lo dicho por la Corte IDH sobre la ilegalidad de ese indulto y su no aplicación.
Barrios Altos y La Cantuta
Las resoluciones de la Corte IDH en contra del indulto a Fujimori se han dado como parte de la supervisión del cumplimiento de sus sentencias sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que se pronunció ordenándole al Estado peruano hacer justicia en estos casos juzgando y sentenciando a los culpables. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años por el asesinato en noviembre de 1991de quince personas, incluido un niño de ocho años, en una modesta vivienda de Barrios Altos, en el centro de Lima, y por el secuestro y asesinato en julio de 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad la Cantuta, en las afueras de Lima. Crímenes perpetrados por un destacamento clandestino del ejército, llamado el grupo Colina, que bajo las órdenes y protección del régimen fujimorista operó como un escuadrón de la muerte.
A pesar que las sentencias de la Corte IDH son, de acuerdo a la ley, de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano, el presidente del TC ha señalado que la decisión de la Corte IDH sobre el indulto a Fujimori debe incumplirse para así activar el indulto y abrirle las puertas de la prisión al exdictador. Si se aplica el fallo del TC y Fujimori es liberado, el caso volverá a la Corte IDH y el Estado peruano enfrentaría una sentencia en contra por incumplir la decisión del tribunal internacional. En este conflicto entre el TC y la Corte IDH, cuando en 2022 el tribunal internacional falló para que no se aplique el indulto que el TC había ratificado, el gobierno del entonces presidente Pedro Castillo acató el fallo de la Corte IDH y Fujimori quedó en prisión. Ahora, en un caso similar, la decisión la tomaría el gobierno de Dina Boluarte, que tiene el apoyo del fujimorismo. Hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado.
Fuente: Página 12
