Empresarios mexicanos como el magnate Carlos Slim y Germán Larrea, dos de los hombres más ricos del país, y una decena de periodistas fueron espiados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto mediante el software Pegasus, según indicó un testigo protegido en el juicio contra el operador de esta herramienta.
De acuerdo con información del portal de noticias mexicano Aristegui Noticias, esto fue revelado durante el juicio contra Juan Carlos García Rivera, empleado de la empresa KBH Aplied Technologies Group, una red de compañias fantasma que se utilizó para comercializar en México el programa propiedad de la empresa israelí NSO Group. Según el testigo identificado como «Zeus», el jefe de la empresa, el israelí Uri Emmanuel Ansbacher, recibía instrucciones vía telefónica del entonces presidente Peña Nieto para espiar a personajes específicos.
Pegasus es una herramienta que permite a los piratas informáticos acceder no solo al contenido de un teléfono inteligente, sino también al entorno donde se encuentra, facilitando el acceso a las conversaciones. En julio de 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con este programa, de los que 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta.
La trama según «Zeus»
El testigo afirmó que en septiembre de 2015 recibió una USB a través del chofer de Ansbacher, puesto que debía enviar unos archivos contenidos en ella. Sin embargo, al abrir presuntamente por accidente uno de ellos encontró un excel con 1.500 registros de nombres de periodistas y políticos, los cuales eran objetivo de espionaje. Entre los nombres, precisó, estaban los de Larrea, director ejecutivo de Grupo México, Slim presidente de Grupo Carso y el hombre más rico de México, y de periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Jenaro Villamil, actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Esa base de datos incluía números telefónicos, llamadas de entrada y salida, ubicaciones, fotografías y grabaciones.
De acuerdo con las declaraciones de «Zeus», García Rivera también recibía órdenes del ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el ex titular del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz Gispert, al tiempo que estos le daban indicaciones al dueño de KBH para definir a los objetivos de la intervención de comunicaciones.
García Rivera desempeñó como director de Tecnología en la empresa Proyectos y Diseños VME, una de las compañías que vendió el software espía, sus licencias de uso y sus actualizaciones al CISEN; a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la antigua Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR). Dichas ventas están avaladas y comprobadas con facturas.
Los antecedentes
Los casos de espionaje en México durante los últimos años no son novedad. De hecho, el grupo Guacamaya Leaks publicó en octubre de 2022 documentos que hackeó de SEDENA. En ellos se revelaba que el Ejército habría espiado a periodistas y activistas. Uno de los objetivos habría sido el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, según una investigación del diario estadounidense New York Times publicada en mayo de este año. Ese medio destacó que el Ejército mexicano es la única entidad en el país con acceso a Pegasus, y aseguró que esa institución espió más teléfonos que cualquier otro cliente de esa empresa en el mundo.
La infiltración más reciente en el teléfono de Encinas ocurrió el año pasado, mientras lideraba una comisión de la verdad encargada de investigar el secuestro y desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que aún sigue sin resolverse. Encinas adjudicó responsabilidad al Ejército en estas desapariciones, lo que pudo haber generado el interés en espiar sus comunicaciones. Es más, el New York Times remarcó que Encinas es uno de los pocos funcionarios que denunció públicamente el creciente poder de las Fuerzas Armadas y su influencia en la política y en contratos millonarios de obras públicas, como la construcción de extensas redes ferroviarias, la distribución de medicamentos y la gestión de puertos y aduanas.
Por otro lado, un grupo de organizaciones denunció en 2021 que la PGR –la Fiscalía de Peña Nieto– hostigó y persiguió a algunas de sus miembros que buscaban esclarecer los hechos en torno a una masacre ocurrida en San Fernando, un municipio del norteño estado mexicano de Tamaulipas en el que se hallaron restos de 196 personas en 2011. Las mujeres presuntamente espiadas fueron Mercedes Doretti, quien coordina los trabajos en México del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); y Marcela Turati, periodista y cofundadora de Quinto Elemento Lab.
Fuente: Página 12
