Un solicitante de asilo murió este martes a bordo de una barcaza atracada en el puerto inglés de Portland, en el suroeste de Inglaterra, utilizada para albergar a inmigrantes, informó la policía de Dorset. Mientras tanto, el primer ministro británico, Rishi Sunak, consiguió mantener vivo en el Parlamento su proyecto de ley para deportar a inmigrantes indocumentados a Ruanda, pese a la abstención de miembros del ala dura de su propio Partido Conservador.
La edad y nacionalidad del hombre fallecido aún no se han confirmado, pero se cree que se quitó la vida, según indicaron fuentes a la BBC. En el canal Sky News, Heather Haddow, coordinadora de la asociación local Amistad Global de Portland, habló de sus temores de que se produjera una muerte así. «Es una preocupación real. Es algo de lo que todos hablamos en el grupo, cómo apoyar a las personas para prevenir un suicidio, pero sabíamos que iba a suceder», indicó. Según ella, el inmigrante fallecido había llegado recientemente y era de un país africano. «Nunca debería haber sido metido en esa barcaza. Ayer pidió ayuda», aseguró.
Richard Drax, diputado conservador por South Dorset, dijo que si bien nunca estuvo de acuerdo ni aceptó la imposición de la barcaza en South Dorset, creyó que era al menos un refugio seguro y decente para algunas de las personas cruelmente traficadas a través del Canal de la Mancha. “Sólo podemos imaginar las circunstancias desesperadas que condujeron a este triste resultado; debemos hacer todo lo que podamos para poner fin a este malvado comercio de miseria humana”, remarcó Drax, citado por la prensa local.
El uso de estas barcazas, denunciado por asociaciones humanitarias, tiene como objetivo reducir los gastos de alojamiento de los solicitantes de asilo, en una de las decisiones controvertidas del gobierno conservador respecto a la inmigración. El «Bibby Stockholm», que tiene una capacidad para acoger a 500 personas, fue desplegado en agosto, pero no comenzó a operar como albergue de forma continua hasta el mes de octubre a causa de un brote de legionella. Actualmente, unas 200 personas se encuentran a bordo.
Ley de inmigración
La muerte del solicitante de asilo se produjo en el marco la votación en la Cámara de los Comunes de un proyecto de ley de Sunak para deportar a inmigrantes indocumentados a Ruanda. El proyecto consiguió el apoyo de 313 diputados, frente a 269 que lo rechazaron. Se abstuvieron los miembros del ala dura del propio Partido Conservador de Sunak, quienes reclamaban al Gobierno un endurecimiento del proyecto.
El primer ministro reaccionó a la victoria a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. «El pueblo británico debería decidir quién puede venir a este país, no las bandas criminales ni los tribunales extranjeros. Eso es lo que ofrece este proyecto de ley», expresó. «Ahora trabajaremos para convertirla en ley para que podamos conseguir vuelos a Ruanda y detener los barcos», agregó.
Sin embargo, la ley todavía se enfrenta a un duro camino para su aprobación final, que se considera decisiva para la propia continuidad de Sunak al frente del Ejecutivo. Mark Francois, el líder del European Research Group –la facción más partidaria del Brexit–, dijo a los medios minutos antes de la votación que su grupo no apoyaba la ley en su actual redacción, por lo que se iban a abstener, pero que negociará con el Gobierno para endurecerla antes de su votación en tercera lectura.
El secretario de Estado británico de Inmigración, Robert Jenrick, renunció a su cargo la semana pasada por sus discrepancias con el plan del Gobierno. «No puedo seguir en mi posición cuando tengo un desacuerdo tan fuerte con la dirección de la política migratoria del Gobierno», señaló Jenrick en una carta dirigida al primer ministro, que difundió en sus redes sociales.
Jenrick había abogado anteriormente por sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos, percibida como un impedimento para el plan de Ruanda. «El Gobierno tiene la responsabilidad de situar nuestros intereses nacionales vitales por encima de interpretaciones muy discutidas del derecho internacional», subrayó en la misiva.
Derechos humanos en riesgo
El comité conjunto del Parlamento sobre derechos humanos publicó un informe que indicó que la ley es inconsistente con la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH). «El proyecto de ley exigiría que todos los tribunales nacionales acepten que Ruanda es un país seguro y no consideren ninguna revisión o apelación interpuesta por considerar que no lo es, incluso si hay pruebas convincentes que lo respalden», explicó. «Esto expondría a las personas al riesgo de que se violen sus derechos fundamentales a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, y es incompatible con el derecho a un recurso efectivo garantizado por el artículo 13 de la CEDH», subrayó.
El Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), representante de los guardias de la Fuerza Fronteriza y otros funcionarios públicos, anunció su intención de impugnar el proyecto en caso de convertirse finalmente en ley. El sindicato argumentó que la legislación es inconstitucional y junto a otras organizaciones lanzaron la campaña «Together with Refugees», una coalición que aboga por un trato más justo y compasivo hacia los refugiados.
Según cifras oficiales, casi 30.000 personas están en espera de ser potencialmente enviadas al país africano. El Gobierno británico intenta disminuir también la inmigración legal hacia el país, que según las últimas estadísticas alcanzó una cifra récord de 745.000 en 2022. Hasta el 13 de noviembre de este año, 27.284 personas habían cruzado el Canal de la Mancha. En 2022, 45.755 migrantes realizaron la travesía, la cifra más alta desde que se comenzaron a recopilar datos en 2018.
Fuente: Página 12
