Tras el rechazo a una nueva propuesta de Constitución en Chile y el cierre del debate constitucional, la ultraderecha y la derecha digieren su derrota y empiezan a pugnar por el liderazgo del sector, mientras que el Gobierno se centra en impulsar su agenda de reformas, especialmente la de pensiones y el pacto fiscal.
Con una holgada mayoría del 55,7 por ciento, el domingo pasado se impuso la opción de rechazar un texto con sello conservador elaborado por un órgano liderado por las derechas, contra el 44,2 por ciento que optó por aprobarlo.
Chile rechazó dos veces en poco más de un año propuestas para reemplazar la Constitución promulgada en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet, pero reformada parcialmente en democracia.
La primera vez fue en septiembre de 2022, cuando el 62 por ciento de los chilenos dijo “no” a un texto redactado por una mayoría izquierdista, que proponía una transformación radical del modelo de país.
Nuevo horizonte
Tanto el Gobierno del progresista Gabriel Boric como las distintas fuerzas políticas rechazan impulsar un nuevo proceso y reconocen que hay mucha fatiga constitucional entre la ciudadanía, que ha concurrido a las urnas cinco veces para pronunciarse sobre la carta magna desde el estallido social de 2019.
Camila Vallejo –vocera presidencial– dijo este lunes: «Esperamos que el resultado del día de ayer sea un aprendizaje, que implique una gran reflexión de todos y todas, un aprendizaje para actuar, para poner manos a la obra para lograr concretar los acuerdos necesarios en materia de pensiones y pacto fiscal”. Y agregó que es el momento de «pasar página» y pidió «avanzar» en dos de las reformas estrella del Ejecutivo –pensiones y pacto fiscal– que llevan meses atascadas en el Parlamento. «Necesitamos acuerdos y que aquellos que lideraron el proceso que fue rechazado ayer, entiendan que los necesitamos para tener un Chile mejor», agregó la portavoz.
La portavoz oficial lamentó que ni el primer proceso constituyente, que acabó en septiembre de 2022 con el rechazo a una propuesta constitucional izquierdista, ni este segundo intento por reemplazar la carta magna lograron «unir a Chile» y dijo que hubo una forma de hacer política que pretendió imponer su mirada al resto del país». «Se perdió la posibilidad de tener una Constitución hecha en democracia, nos quedamos lamentablemente con la del 80, con todas sus reformas positivas, pero no pudimos avanzar en una nueva», subrayó.
En esa sentido, Vallejo recordó que las fuerzas políticas llevan meses «discutiendo, sin concretar» las reformas y aseguró que «es el momento de la unidad para avanzar, sin excusas». “No solamente retomaremos el trámite legislativo esta semana en materia de pensiones, sino que también queremos presentarle al país aspectos sustantivos del pacto fiscal», explicó Vallejo.
El Gobierno presentará en los próximos días novedades sobre su propuesta de pacto fiscal, con el que pretende recaudar el 2,7 por ciento del PIB en seis años (cerca de 8.000 millones de dólares) para financiar su agenda social. Las derechas se han opuesto categóricamente a las subidas de impuestos en el Parlamento –donde el Ejecutivo está en minoría– al igual que a cambiar el criticado sistema privado de pensiones.
La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile rechazó el pasado marzo una ambiciosa reforma tributaria que buscaba recaudar el 3,6 % del PIB en cuatro años, lo que supuso un duro golpe para el Gobierno porque con ella pretendía financiar su agenda social , entre ellas la subida de pensiones.
Para Jeanne Simon de la Universidad de Concepción y la Red de Politólogas, «asumir que el voto rechazo del domingo es un apoyo hacia la actual Constitución es un error». «Muchas personas votaron en contra de la propuesta de las derechas, pero tampoco están a favor de la actual Constitución» y quieren cambios sociales.
Pugna por el liderazgo conservador
El rechazo a la nueva Constitución que profundizaba la privatización de servicios básicos y abría la puerta a revisar la ley del aborto, se impuso en 13 de las 16 regiones. La opción de rechazar el texto, que endurecía el trato de la migración irregular, se impuso especialmente en Santiago de Chile, Valparaíso (centro) y las norteñas Atacama y Antofagasta, donde hubo casi 20 puntos de diferencia.
«El ultraderechista Partido Republicano -que lideró la redacción de la propuesta al tener 22 de los 50 escaños del órgano constituyente- construyó un texto de carácter identitario, casi como un programa de Gobierno pensando en construir una identidad de partido en lugar de una propuesta de consenso», afirmó Rodrigo Espinoza de la Universidad Diego Portales.
Mea culpa de la derecha
El líder republicano, José Antonio Kast, entonó este lunes un mea culpa y aseguró que su grupo «no fue capaz de explicar los puntos fuertes» de la propuesta. «También se dieron divisiones dentro del sector», añadió Kast, reconociendo una realidad que se abre tras el plebiscito: la escisión de un grupo de antiguos republicanos que quieren fundar un partido aún más radical y la lucha con la derecha tradicional por liderar el espectro conservador de cara a las municipales y regionales del año que viene y las presidenciales de 2025.
Por su parte, Javier Macaya, presidente de la UDI, uno de los tres partidos de la derecha tradicional, dejó entrever este lunes que no se lo pondrán fácil al Gobierno. «Encuentro insólito, lamentable e incluso indignante que el Gobierno pretenda impulsar a malas reformas en un momento donde Chile hoy atraviesa una situación apremiante», indicó.
Para Julieta Suárez-Cao de la Universidad Católica, «es el momento de que la derecha tradicional elija qué camino quiere: si quiere o no seguir siendo obstruccionista, impidiendo las reformas que se necesitan y darían respuesta a las demandas del estallido». «Es hora de que decida si va a seguir siendo un apéndice de la ultraderecha porque, si es así, terminará fagocitada por ella», alertó.
Fuente: Página 12
