El 25 de noviembre el presidente saliente otorgó futuros beneficios ecónomicos a funcionarios que podrían verse afectados por una reestructuración y reorganización del nuevo gobierno. A su vez, el decreto publicado esta semana actúa como herramienta para impedir modificaciones en sus lugares de trabajo.
El decreto 788/19 fue anunciado esta semana en el Boletín Oficial donde se homologan una serie de anexos trabajados durante el año que tienen como fin una nueva jerarquización la cual garantiza una compensación económica a funcionarios de Alta Dirección Pública. Así lo explicita el Anexo II en su capítulo 2 artículos 10 y 13, que proponen las tres causales por las que se pierden los puestos de trabajo, y en particular cuando “una reestructuración que implique la supresión del puesto” se deberá percibir una bonificación correspondiente a la remuneración habitual, regular y permanente que hubiera recibido en los próximos 5 años en el cargo previsto.
Con lo expuesto en este decreto firmado por el presidente, los funcionarios actuales podrán obtener una suma de dinero equivalente a lo realizado durante todo un mandato y además, condiciona las decisiones del presidente electo por el Frente de Todos Alberto Fernández incluso antes de asumir.
La Asociación de Trabajadores del Estado de La Capital –ATE Capital- pronunció su rechazo a este nuevo régimen el miércoles 27 de noviembre a través de un comunicado oficial ya que “tiene una profunda gravedad institucional porque perpetúa funcionarios nombrados sin concurso por el gobierno actual” y recordó que este Gobierno “ha despedido masivamente a las y los estatales, precarizando sus condiciones laborales sistemáticamente, cerrando paritarias año tras año hasta colocar los salarios por debajo de la línea de la pobreza”.
