Lo anunció Alberto Fernández en sus redes sociales y el DNU se oficializó a primera hora de este sábado
El Gobierno nacional decidió declarar servicios públicos esenciales a internet, TV por cable, telefonía fija y móvil, y congeló los precios hasta el 31 de diciembre.
El artículo Nº 4 del Decreto Decreto 690/2020 «Argentina Digital» expresa la suspensión «en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades.
La recuperación del rol de regulador del Estado es clave en el paquete de medidas. Cuando Cambiemos asumió el poder en 2015, derogó con el DNU de creación del Enacom el artículo 15 de la Ley Argentina Digital, que establecía que las telcos y tics eran servicios esenciales “en competencia”, y que el Estado tenía la facultad de autorizar aumentos. Desde el Gobierno aclararon, precisamente, que lo que se hará no es fijar tarifas ni con audiencias ni con cuadros tarifarios, como sí ocurre en las eléctricas, gas y agua.
Todos los prestadores, desde las telcos como Telecom y Telefónica, a los cables como Cablevisión, del Grupo Clarín, con una sola excepción: por cuestiones técnicas, Directv será pasible de no poder aumentar hasta fin de año, pero se verá en qué encuadramiento termina en lo que queda del estudio técnico.
Lo que definió su comunicación fueron los aumentos que las firmas del sector avisaron que aplicarían en septiembre, cuando ya venían de incrementos en marzo y abril, de entre 10 y 25 por ciento dependiendo de la compañía.
Puesto en los números que se manejan en el Ejecutivo, y luego de sondeos de subas que las compañías hicieron ante el Enacom, se calculó que las alzas de marzo y abril, sumadas a las de septiembre, superaban en un 20 por ciento a la inflación acumulada entre diciembre del 2019 y estos últimos días.
La normativa que definió Alberto Fernández es un pedido histórico de las entidades de defensa del consumidor, que tienen al tope de sus reclamos las subas en estos servicios. La tensión que existía con las prestaciones y tarifas de estas compañías se asimila al clima caliente que se gestó en 2011, cuando las subas repetidas y por sobre la inflación de las compañías de medicina prepaga terminaron con una regulación aún superior. Una ley que, en el fondo, le otorgó al Estado las mismas herramientas que el decreto a publicarse para autorizar aumentos en base a esquemas de mayores costos.
El mensaje de Alberto Fernández
En su cuenta de Twitter, el Presidente comentó las medidas y aclaró que “de esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”.
Agregó que “ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios. De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”.
Este punto es, precisamente, una de las cuestiones que se charlaron en las reuniones de Gabinete económico y en la quinta presidencial. Que en un contexto en el que la pandemia obliga a buena parte de los argentinos a trabajar desde sus hogares y cuando en muchos casos los ingresos de los trabajadores cayeron en la pandemia, no podían seguir dándose subas de precios en servicios esenciales durante el confinamiento. Más aún cuando desde el inicio de la cuarentena la facturación de esas firmas no se resintió sino se vio incrementada por las mayores necesidades técnicas del home office.
Las claves del decreto
- Mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) que se publicará esta noche el Gobierno nacional declarará a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial.
- Además se congelarán hasta el 31 de diciembre de 2020 las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga.
- Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.
- Se resuelve también que el Estado recupere las herramientas regulatorias.
- La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen.
El decreto
Con información de Página 12
