Las rutas 12, 14 y 172 pasarán a manos del Estado hasta que se concrete el proceso de concesión que aún está lejos de terminar.
Si las cosas mantienen el curso actual, el 9 de abril será un día traumático para una de las rutas más importantes para el comercio internacional de la Argentina. Esa jornada será recordada por quienes transiten la autopista que une Zárate con Paso de los Libres, además de un empalme en el puente Rosario-Victoria, pero también por los trabajadores, por Vialidad y por alguna que otra fuerza de seguridad.
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Las rutas 12, 14 y 172 pasarán a manos del Estado hasta que se concrete el proceso de concesión que aún está lejos de terminar.
Si las cosas mantienen el curso actual, el 9 de abril será un día traumático para una de las rutas más importantes para el comercio internacional de la Argentina. Esa jornada será recordada por quienes transiten la autopista que une Zárate con Paso de los Libres, además de un empalme en el puente Rosario-Victoria, pero también por los trabajadores, por Vialidad y por alguna que otra fuerza de seguridad.
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Se trata del día después del último de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), la firma que desde los 90 está a cargo de los peajes y del mantenimiento de la vía troncal que es el principal corredor del Mercosur. En ese momento, los 500 trabajadores quedarán despedidos, ya que la sociedad que los emplea, la concesionaria, está en concurso de acreedores y todo indica que caminará mansa a la quiebra después de que se quede sin caja.
La pregunta que sigue es quién operará la ruta. Hasta ahora, la respuesta es simple: regresa a manos del Estado hasta que el proceso de concesión se termina. Y, como se sabe, “el Estado”, en este caso, es Vialidad Nacional, uno de los íconos de la corrupción kirchnerista que hasta se ha dado el lujo de bautizar la causa que la tiene condenada a la expresidenta Cristina Fernández.
Por estas horas, en las oficinas de Diagonal Sur, donde funciona Vialidad, esperan la hoja de ruta que marca el verdadero número uno informal del lugar, Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de poder más cercanos a la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei.
Si no llega ninguna novedad, en el organismo vial ya informaron que los 500 empleados se quedan sin trabajo y que deberán marcharse a su casa, que se entrega la traza y que será Gendarmería la que cuide las instalaciones y la entidad la que opere la ruta. Además, hicieron saber que se van a levantar las barreras del peaje.
Crusa opera las rutas 12, 14 y 174. Al inicio del contrato, el corredor tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble. Con posterioridad se incorporaron al contrato 60 kilómetros más de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de la concesionaria 135 kilómetros de autovía y 532 de una sola mano.
Esta primera pseudo estatización del gobierno de Javier Milei será provisoria y durará hasta que, finalmente, se concrete la privatización del corredor. De hecho, en los últimos días de febrero se llevaron adelante las audiencias públicas para avanzar con la concesión. Sin embargo, faltan varios meses para que el proceso se complete, al punto que ni siquiera están subidos los pliegos como para presentar ofertas, además de que no se ha avanzado en ningún organigrama. Meses largos podrían terminar también en un duradero interregno de la operación estatal.
Los mismos funcionarios le dijeron a la empresa que no hay ningún plan contemplado para los empleados de la concesionaria más que marchar a sus casas y esperar que la concesión que viene vuelva a dar trabajo a quien quiera. De concretarse, este camino será toda una novedad. Hasta ahora, cuando se negociaban los cambios de concesión, los empleados de la saliente ingresaban a la que entra a prestar el servicio. Incluso, se les obligaba a respetar la antigüedad. Nada de eso está previsto por estas horas.
La situación empezó a gestar una olla de presión en la compañía que todavía opera la ruta, ya que es constante la amenaza de corte de ruta como medida de protesta. Desde el sindicato de empleados de estaciones de peaje (Sutba), que históricamente manejó Facundo Moyano, ya se manifestaron sobre el asunto. “El próximo 8 de abril vence el contrato de concesión y hasta el momento no se ha informado cómo se garantizará la continuidad laboral de los trabajadores ni quién se hará cargo de las indemnizaciones que a cada uno le corresponden por los servicios prestados en la empresa”, empieza el comunicado.
El Entrerrios