La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), se reunió este miércoles en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, para comenzar con el tratamiento de modificaciones a la Ley de juicio por jurados propuestas por el Poder Ejecutivo.
«Los cambios apuntan a descongestionar la gran cantidad de causas que esperan para ser tramitadas mediante este instituto y, de esa manera, agilizar los procesos judiciales», se sostiene desde el oficialismo. Para esto, se prevé que «sean juzgados por jurados populares solamente aquellos delitos por los cuales la pena eventual sea superior a los 20 años de prisión».
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Del encuentro participaron el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Carubia, y la vocal del mismo organismo, Claudia Mizawak; el defensor general del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez; el procurador general del Ministerio Público Fiscal, Jorge Amílcar Luciano García; el coordinador general de la Secretaría de Justicia de la Provincia, Alejandro Weber, y por el Colegio de la Abogacía: Andrea Belén Saxer, vicepresidente 2º, y María Ariadna Del Porto, titular Instituto de Género.
La Secretaría de Justicia, a favor del cambio
Luego del encuentro, Weber manifestó: “Desde la Secretaría de Justicia, entendemos que la reforma es necesaria y es oportuna. Porque implica adaptar la normativa provincial a estándares constitucionales y convencionales. En ese sentido, la finalidad es reducir el ámbito de aplicación del sistema de juicio por jurados; no porque el sistema no sea bueno, sino por entender que, con la redacción actual de la ley, son muchísimas las causas que arriban al sistema y poca la capacidad de respuesta para resolver esas causas en tiempo y forma”.
El funcionario precisó que “se genera un cuello de botella, en donde las causas se dilatan muchísimo en el tiempo y eso afecta dos garantías básicas: el acceso a la justicia y el plazo razonable”.
Por otro lado, destacó que el proyecto excluye los delitos contra la integridad sexual y evita así la revictimización o una reexposición de la víctima a una situación traumática, lo cual puede darse principalmente en localidades pequeñas.
