Los incendios volvieron a generalizarse este domingo en las islas entrerrianas y generaron gran preocupación. El humo ya se extiende a otras regiones cercanas a la ciudad de Rosario, la más afectada por el humo de las quemas
Luego de los esfuerzos realizados para controlar los focos por parte de brigadistas tanto de la Nación como de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y de tres días de calma, las llamas volvieron a tomar las islas.
Un día antes, activistas y ciudadanos aledaños al territorio se manifestaron en el Puente que une Rosario-Victoria exigiendo el accionar de la Justicia para sancionar a los responsables de este ecocidio y la promulgación de una Ley de Humedales.
El intendente de Rosario, Pablo Javikn, estimó que los aviones hidrantes enviados por la Nación volverán a trabajar a partir de este lunes, mientras que advirtió que «hay monitoreos» que permitirían determinar los responsables de los incendios.
Por su parte, el Gobierno de Entre Ríos informó que desde diciembre la provincia no autoriza la práctica de incendios en las islas del Delta dada la aplicación de la Ley provincial 9868 de Manejo del Fuego.
La quema de pastizales impulsada por productores ganaderos en las islas del Delta es una práctica que lleva años y se agudizó en el último tiempo debido a la bajante histórica del río Paraná, escasez de lluvias y altas temperaturas.
En los operativos de monitoreo y combate que realizan los brigadistas del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos junto Protección Civil de Santa Fe, se labran actas de infracción y se aplican multas a los responsables de las quemas, tarea compleja por las dificultades de acceso a la zona y la extensión territorial.
El gobierno entrerriano avanza con acciones ante la justicia contra los responsables de las quemas que son ilegales, teniendo en cuenta que la Secretaría de Ambiente no está otorgando autorizaciones de quemas en la zona.
Las acciones legales incluyen la denuncia penal presentada el mes pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante el Juez Federal competente, por violación del artículo 186 del Código Penal, que establece que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes.
Además, en ese marco, Bordet decidió que el Estado entrerriano se constituya como querellante particular en la causa judicial que tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.
El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, remarcó que en la denuncia promovida por el gobierno “el bien jurídico protegido es el ambiente”, y que se responsabiliza “a los propietarios que civilmente tienen responsabilidades”.
