Todo indica que el DNU es inconstitucional, y que las materias en las que avanza no están respaldadas ni por la necesidad ni por la urgencia que reclama este instrumento.
Sin entrar en el fondo de la cuestión de cada una de las reformas contenidas en él está claro que con su decisión el Gobierno Nacional vulnera la división de poderes, desconoce abiertamente al Congreso de la Nación. Esto no sorprende ya que el Presidente dio una señal en este sentido el día de su asunción al hablar dándole la espalda a los representantes elegidos por el pueblo. Pese a ello, nosotros tuvimos una actitud responsable e institucional al facilitar con nuestros votos, la semana pasada, al oficialismo, que no tiene mayoría en el Senado, la realización de la Sesión Preparatoria para designar las autoridades de la Cámara. Gracias a ello el Senado está en condiciones de funcionar y, en consecuencia, el Gobierno Nacional debería haber convocado a sesiones extraordinarias y remitir los proyectos de Ley que considere necesarios para que los debatan las cámaras legislativas.
El decreto también interpela a la Justicia ya que este provoca consecuencias inmediatas en la ciudadanía que pueden ser muy difíciles de retrotraer una vez que los tribunales, eventualmente, establezcan la inconstitucionalidad de algunas de las reformas ordenadas, o el Congreso las rechace; pudiendo causar de esta manera serios perjuicios al Estado, las empresas y los ciudadanos.
El compromiso de gobernabilidad de mi parte está firme pero siempre dentro del marco de la Constitución Nacional. Dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada.
