A sólo un mes de haber asumido la intendencia -sucediendo la polémica gestión de Uriel Brupbacher- el intendente de Viale, Carlos Weiss (Cambiemos), estrenó su cargo contratando a casi el 3 por ciento de la población de la ciudad, lo que representa un gasto mensual aproximado de 4 millones de pesos.
Viale tiene poco más de diez mil habitantes y el jefe comunal contrató a 285 personas que ingresaron al Municipio mediante “contratos de servicios”.
La masiva incorporación de personal no deja de sorprender. Viale no es ajena a la crisis económica que golpea a todos los municipios entrerrianos, pero los contribuyentes de vialenses deberán afrontar 50 millones de pesos anuales mediante el pago de tasas municipales para las designaciones surgidas del decreto Nº 002/20 , que lleva la firma de Carlos Weiss y su secretario de Gobierno, Enzo Heft, publicado en el Boletín Oficial el 20 de enero.
Entre los casi 300 beneficiarios de contratos en el Estado figuran exfuncionarios y militantes de Cambiemos, como Martín Bourlot que fue exsecretario de Promoción Social durante la gestión Brupbacher. También el exdiputado nacional de la UCR Jorge Marcelo D’Agostino, actualmente contratado en el Congreso de la Nación como asesor de la senadora nacional del radicalismo, Estela Olalla.
La historia parece repetirse, ya que el ex intendente Brupbacher dio cátedra de nepotismo al asumir cuando designó como funcionaria política a su esposa, Luciana Vergara, a quien luego nombró en la planta permanente de la Municipalidad posterior a un concurso “cerrado” y exprés que armó unos días antes para cubrir ese cargo, otorgándole además de darle la categoría máxima del escalafón.
El viceintendente de Brupbacher, Luis Pérez, que presidía la Caja de Jubilaciones municipal, y el resto de los funcionarios que integraban el directorio del organismo (entre los cuales se encontraba el actual viceintendente Miguel Heft, por entonces concejal ) están sospechados de haber cometido varios delitos (abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública) cuando intentaron –en contra de las advertencias de la Asesoría Contable de la propia Caja de Jubilaciones- comprar un campo con un sobreprecio de 14 millones de pesos. Paralelamente iban a entregar en parte de pago departamentos que el organismo previsional posee en la localidad de Oro Verde a la mitad de lo que costaban según el Consejo de Tasaciones de la Provincia (otro perjuicio de 50 mil dólares), operación que frustró el exconcejal Ángel Landra (PJ) al denunciar el hecho.
FUENTE: NOTICIA UNO
