La medida tomada por efectivos de la Policía Bonaerense cosechó el fuerte repudio de buena parte del arco político y de las principales centrales sindicales, que llamaron a respetar la «institucionalidad» y encausar el conflicto por la vía «democrática».
La protesta de efectivos de la Policía Bonaerense frente a la Residencia Presidencial de Olivos cosechó el fuerte repudio de buena parte del arco político y de las principales centrales sindicales, que llamaron a respetar la «insitucionalidad» y encausar el conflicto por la vía «democrática».
El Partido Justicialista, la CGT, las dos CTA, gobernadores, legisladores e intendentes del oficialismo cuestionaron la modalidad del reclamo policial bonaerense, llamaron a respetar la «institucionalidad» y repudiaron «la manipulación política» y las «actitudes desestablizantes» durante la evolución de las protestas.
En tanto, distintas organizaciones sociales desactivaron por «expreso pedido de las máximas autoridades» la marcha hacia la residencia presidencial de Olivos que había sido convocada para ayer a las 20 con el objetivo de «repudiar las acciones desestabilizadoras» y la metodología de protesta de efectivos de la policía bonaerense.
El grupo Ciencia y Técnica Argentina advirtió en un comunicado «sobre una campaña integral de desestabilización del gobierno nacional del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner». «Llamamos a todos los sectores que luchan por una Argentina más justa, a los científicos, tecnólogos, artistas, educadores, profesionales de la salud y trabajadores de todos los ámbitos a manifestarse públicamente en defensa del gobierno del presidente» finalizaba el texto firmado por Adrián Paenza y Dora Barrancos entre otros.
El Partido Justicialista, principal fuerza integrante del gobernante Frente de Todos, apuntó contra la «manipulación política de la protesta» protagonizada por «quienes fueron gobierno durante cuatro años y generaron la pérdida de poder adquisitivo y empeoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores argentinos, tanto del sector público como privado».
En el ámbito provincial, uno de los primeros en rechazar públicamente lo que sucedía en Casa de Olivos fue el senador nacional Edgardo Kueider, seguido luego por el gobernador Gustavo Bordet y demás funcionarios provinciales.
La protesta frente a la Quinta presidencial fue repudiada por algunos dirigentes de la UCR, en contraste con el silencio, al menos hasta esta tarde, de los líderes del PRO y la Coalición Cívica, como el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal y la exdiputada Elisa Carrió.
El diputado nacional por Córdoba, Presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio expresó:
De igual modo, se expresaron los senadores radicales Luis Naidenoff, titular del interbloque en la Cámara alta, y Martín Lousteau.
«Hay que enviar una señal muy fuerte. El derecho de protesta debe encauzarse en los canales institucionales de la Argentina», dijo Naidenoff.
Por su parte, el porteño Martín Lousteau reclamó «bajar el nivel de la confrontación y el agravio fácil» y agregó que «la protesta policial debe hacerse en el marco del respeto y la subordinación a las autoridades democráticas».
En un pronunciamiento conjunto los bloques de diputados y senadores nacionales del oficialista Frente de Todos expresaron su «repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense»,
Para los legisladores oficialistas, «rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados, que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político».
«Las armas y los patrulleros que le otorgan la Constitución a las fuerzas de seguridad son para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas», remarcaron.
En tanto, el consejo directivo de la CGT condenó «el exceso del legítimo reclamo» de los policías bonaerenses y aseguró que «la defensa de los derechos laborales de los integrantes de esa fuerza se transformó con el paso de las horas en una real amenaza para el normal funcionamiento del Estado».
La CGT que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña sostuvo en un comunicado que «la visibilización del descontento policial quedó expuesta en las primeras horas del conflicto y, todas las acciones posteriores, constituyen un exceso que atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones».
Los integrantes del consejo directivo cegetista reclamaron que «la Policía de la provincia de Buenos Aires respete el orden jerárquico y se subordine a los mandos institucionales», y señalaron que «la desigualdad social, la pandemia de coronavirus y la difícil realidad económica no justifica la insubordinación».
También los Intendentes del Frente de Todos de la tercera sección electoral rechazaron la protesta por considerarla como una «amenaza y un amedrentamiento».
Bajo el título «El Reclamo es Justo. El Método No», los jefes comunales difundieron en las redes un comunicado en el que consignaron que se puede «comprender el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad bonaerense, pero la actitud de rodear la quinta presidencial es un acto de amenaza y amedrentamiento contra el gobierno».
El posteo en las redes redes del comunicado fue realizado, entre otros, por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los jefes comunales de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de Hurlingham, Juan Zabaleta, entre otros.
Numerosas organizaciones sindicales se solidarizaron con Kicillof, como los municipales, ambas CTA, la Asociación Bancaria (AB) y los estatales (ATE) y repudiaron lo que consideraron «una maniobra política contra las instituciones».
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), su titular, Hugo Yasky, exhortó a la Policía Bonaerense a encauzar la protesta en el «marco de la ley» y afirmó que «no se puede convertir el reclamo en una especie de acto sedicioso».
