La denuncia original fue realizada por trabajadores del sector, incluyendo a Claudio de los Santos, Omar Sampietro, Antonio Leyes y Leandro Ragone. En la misma se señalaban irregularidades en el manejo de fondos, principalmente en la administración de cheques y la adquisición de vehículos cuyos titulares eran familiares de los imputados. Entre los involucrados en las maniobras delictivas se encuentran Walter Rodrigo Monzón, Carlos Alberto Díaz, Luis Alberto Villalba, Verónica Gabriela Mariani, Gerardo Adrián Monzón, Natalia Alejandra Ríos y Marisa Eugenia Santín, quienes, según la investigación, habrían incrementado su patrimonio de forma desproporcionada respecto a sus ingresos declarados.
El informe detallado también incluye la compra de diversos vehículos de alta gama, bienes inmuebles y transacciones financieras vinculadas a la adquisición de moneda extranjera y viajes al exterior, principalmente a Uruguay. Muchos de los implicados, además, figuran como beneficiarios de programas sociales del Estado.
Según supo 7Paginas, la fiscalía avanzó con la imputación por lavado de activos y administración fraudulenta, y la justicia federal, a través del Juzgado de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, dispuso la citación de los acusados para prestar declaración indagatoria en los próximos días.
La causa continúa avanzando y se espera que la justicia determine la responsabilidad de los imputados en los delitos señalados, que habrían perjudicado tanto al sindicato como a su obra social, mientras que los fondos desviados se habrían incorporado al sistema financiero mediante maniobras ilegales.
