La Fiscalía de Bolivia acusó al gobernador de la región de Santa Cruz y principal líder opositor, Luis Fernando Camacho, como autor, y a la expresidenta Jeanine Áñez, como cómplice, de forzar la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019 en medio de una fuerte convulsión social. «Se ha podido identificar que la conducta (de Camacho) se adecúa a la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, incitación pública a delinquir, asociación delictuosa», dijo en rueda de prensa el fiscal Omar Mejillones, a cargo del caso conocido como «golpe de Estado I».
El fiscal Mejillones informó a los medios que se presentó una acusación formal en contra del opositor Camacho, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, el exjefe militar Williams Kaliman y el exjefe policial Yuri Calderón en calidad de autores. La expresidenta interina Áñez, el líder cívico Marco Antonio Pumari, el exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández y el exjefe militar Carlos Orellana son acusados en calidad de «cómplices».
¿De qué acusan a Camacho?
Mejillones sostuvo que se pedirá la pena máxima de 20 años de prisión para los acusados de terrorismo en grado de autor, entre ellos Camacho. Agregó que existen 133 pruebas documentales y 131 testificales que se ofrecen en la acusación, entre ellas extractos bancarios de Camacho con los que, según dijo, pudieron probar que el gobernador movió dinero cuando era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz para trasladar a personas de La Paz hacia Santa Cruz en la crisis de 2019.
También manifestó que hay un informe técnico de «cruce de llamadas» entre Camacho y el exministro López y Kaliman, al igual que facturas y transferencias de dinero, entre otros. El abogado Martín Camacho, defensor del gobernador cruceño, indicó que aún no fueron notificados con la acusación formal y que esperarán la notificación oficial, pero consideró que se pretende «perpetuar la detención» del gobernador.
Los familiares de Camacho convocaron a una marcha que se realizará el jueves en repudio a su detención que ya cumple un año. En una rueda de prensa el hijo del gobernador, Luis Fernando Camacho Parada, expresó: «Este 28 de diciembre reafirmamos nuestro compromiso como familia, por los valores democráticos de Santa Cruz que son la libertad y la democracia. Reafirmamos nuestras ganas por luchar por ese Estado de derecho que tanto anhelamos los bolivianos».
El hijo del líder opositor enfatizó que el mensaje que se quiere dar al gobierno del presidente Luis Arce es el rechazo a su detención, que la familia calificó como un «secuestro», y la reafirmación de los «valores democráticos». Por su parte la esposa del gobernador, Fátima Jordán, adelantó que varios sectores se pronunciarán en contra del encarcelamiento del gobernador cruceño como comerciantes, colegios médicos, comités cívicos provinciales y dirigentes sociales.
Con la Biblia en la mano
Camacho está preso preventivamente desde el 28 de diciembre pasado por este caso y otros procesos en su contra en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz. El caso golpe I fue iniciado por la exdiputada oficialista Lidia Patty y los otros delitos por los que se los acusa son asociación delictiva, uso indebido de bienes y servicios públicos, instigación pública a delinquir, entre otros.
El oficialismo denuncia que en 2019 hubo un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales (2006-2019). En un mensaje en la red social X (antes Twitter), el expresidente Carlos Mesa sostuvo que los hechos de 2019 en Bolivia fueron consecuencia de un «fraude» y no un «golpe». «Para acallar la protesta por el asalto al órgano judicial, el gobierno de Arce reactiva la persecución contra los opositores», cuestionó Mesa.
Por el caso golpe I dos exministros de Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, fueron sentenciados a dos años de cárcel en un proceso abreviado en el cual supone la admisión de culpa. Cuatro exjefes militares se sometieron a proceso abreviado a cambio de sentencias menores en este caso. Además de este proceso hay otro denominado «golpe de Estado II» en el que Áñez fue sentenciada a 10 años, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
El líder opositor, en esa época, presidía el comité civil-empresarial de Santa Cruz, y pidió públicamente a Morales su renuncia, luego de acusarlo de promover un fraude electoral ese año para quedarse en el poder hasta 2025. Camacho anunció entonces que iría hasta las oficinas de Morales para que firmara una carta de renuncia, que llevaría en la mano izquierda y la Biblia en la mano derecha. Según él, la administración de entonces gobernaba alejada de los principios bíblicos.
La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, negó este martes una supuesta persecución política en contra de Camacho. «Nosotros lo hemos reiterado, no es que haya un secuestro ni presos políticos en este momento, así que la justicia es la que tiene que responder y, sobre todo, las personas ante la justicia como cualquier ciudadano», dijo Prada en declaraciones al diario Ahora el Pueblo.
Fuente: Página 12
