Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.
La Fiscala General de la Repblica de Brasil le pidi al Supremo Tribunal Federal, la mxima corte de justicia, abrir una causa para investigar al presidente Jair Bolsonaro, en el escndalo de la sobrefacturacin en un contrato frustrado para la compra de la vacuna india Covaxin por parte del Ministerio de Salud.
El pedido apunta a determinar si Bolsonaro cometi el delito de prevaricato, es decir, si no orden investigar corrupcin luego de haber sido informado del asunto por el diputado Luiz Miranda, uno de sus aliados, el 20 de marzo pasado.
La solicitud fue hecha por el subprocurador general de la Repblica, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial ms importante sobre corrupcin vinculado al actual presidente.
El diputado bolsonarista Luis Miranda, del oficialista partido Demcratas, y su hermano, Ricardo Miranda, funcionario de carrera encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante la comisin investigadora del Senado que le avisaron a Bolsonaro de la sobrefacturacin de 1.000 por ciento en la compra de Covaxin el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.
El pedido busca establecer si el mandatario ultraderechista, sabiendo del delito, no activ a la Polica Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado por su poder de cabildeo el lder del Gobierno en la Cmara de Diputados, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer.
La respuesta del gobierno
El Gobierno de Bolsonaro dijo que avis dos das despus, el 22 de marzo, al entonces titular de la cartera sanitaria, general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia tras ser expulsado del cargo el 23 de marzo.
El escandalo
El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosin del escndalo, tres meses despus de esa reunin entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la Casa de Gobierno.
El diario O Globo apunt a que existe temor en el Palacio del Planalto de que el diputado Miranda tenga la grabacin del encuentro que tuvo con el mandatario.
El fiscal general, Augusto Aras, muy cercano al presidente, haba pedido al Supremo Tribunal Federal esperar que la comisin del Senado termine de investigar para tomar el caso.
Es por eso que el pedido incurre en una ayuda al jefe del Estado ya que habla de «falta de indicios».
Pero la jueza suprema Rosa Weber le envi un escrito diciendo que la fiscala general no poda ser apenas un «mero espectador» de posibles delitos siendo cometidos.
Este escndalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos mdicos, denunci a un director de logstica del Ministerio de Salud por pedirle 1 dlar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no lleg a cumplirse.
El fiscal general Aras haba desestimado el jueves denunciar a Bolsonaro por omisiones en la compra de frmacos durante 2020, cuando retras las adquisiciones de dosis de CoronaVac y Pfizer debido a sus cuestionamientos a la vacunacin.
Pero esta vez, parte del Supremo Tribunal Federal ha coincidido en la necesidad de investigar al Poder Ejecutivo a la luz de las revelaciones de la comisin parlamentaria del Senado.
Bolsonaro dedic declaraciones, discursos oficiales, dilogo con sus seguidores y un vivo de Facebook para acusar a tres jueces de la corte que se reunieron oficialmente con presidentes de partidos polticos -incluidos los que apoyan a Bolsonaro en el Congreso- para ratificar la transparencia del sistema de urna electrnica que Brasil usa desde 1996.
«Si me ganan con fraude el ao que viene, no entregar la banda presidencial a otro», dijo el jefe de Estado, quien sostuvo que el expresidente Luiz Incio Lula da Silva apenas puede ganar «si no se incorpora el voto impreso».
Este viernes, Bolsonaro dijo que Lula est articulando apoyos con partidos polticos, prometiendo ministerios a cambio de que no apoyen el reclamo oficialista de cambiar el sistema electoral bajo denuncias de fraudes pasados de los que hasta ahora no present pruebas.
La apertura de la investigacin pedida a disgusto por la Fiscala General -presionada por la juez Weber- se suma al «superpedido» de impeachement por 123 violaciones a la Constitucin que presentaron la oposicin de derecha e izquierda ante el Congreso.
En un juego de presiones y equilibrios, el encargado de autorizar el juicio poltico es el presidente de la Cmara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), quien dijo que no existe «materialidad» de Bolsonaro en los delitos presentados.
La presin para que Lira saque del cajn el pedido de impeachment ser ejercida en las calles maana, con una manifestacin, la cuarta en 60 das, pidiendo la renuncia de Bolsonaro, convocada tanto por la izquierda como por parte de la oposicin derechista.
Fuente: Télam
