Ciudadanos y ciudadanas de Concordia realizaron en la tarde de ayer un «bocinazo» en defensa de la propiedad privada, temática vigente desde el anuncio de intervención y expropiación de Vicentín por parte del presidente.
Como en varios puntos del país, concordienses se manifestaron en relación a los sucesos de los últimos días con la agroexportadora Vicentín. Aunque la historia dista mucho de solo esta manifestación.
En el concurso judicial, que se inició el 10 de febrero de 2020 por impulso de la propia compañía, diferentes acreedores le reclaman a Vicentin una deuda total de $ 99.345.263.086,50, equivalente a cerca de US$ 1.400 millones.
Del total del pasivo concursado, el 64% ($ 63.962 millones) corresponden a deudas con el sistema financiero público y privado, y el 36% restante ($ 35.674 millones) se divide entre unos 2.600 acreedores comerciales. En el primer grupo, el mayor acreedor es el Banco Nación, que reclama US$ 300 millones de la deuda total de 1.400 millones.
En el segundo grupo, unos 1.900 productores agropecuarios que entregaron soja a Vicentin y no la cobraron son la mayoría, con acreencias por unos US$ 400 millones. La cuarta parte de esa suma corresponde a la mayor organización cooperativa del sector, llamada Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que reclama casi US$ 100 millones.
El viernes pasado, el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo, informaron fuentes judiciales.
Al vez el juez Fabián Lorenzini a la vez se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.
Por otra parte la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, consideró que el fallo del juez Fabián Lorenzini «no tiene fundamentos y es arbitrario», por lo que sugirió que «el Estado debe apelar y dar la pelea judicial».
«El fallo que anula la intervención de Vicentin no tiene fundamentos, es arbitrario, porque no cita ninguna norma, ya que no existe una norma para hacer lo que hizo el juez», señaló Peñafort, y agregó: «El juez Lorenzini hace de cuenta que es presidente».
