Piden al Juez de Garantías Nº 4 de Paraná que el próximo 20 de agosto pueda resolver un veredicto acorde a una perspectiva de género y en cumplimiento con el interés superior del niño, dictaminado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Desde la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de la ciudad de Paraná emitieron y difundieron un comunicado para «expresar su repudio y preocupación ante la sentencia acordada en juicio abreviado en donde Rubén Retamar, ex-trabajador del COPNAF, reconoció que durante 4 años se aprovechó y abusó de una niña que asistía al Organismo Central en ocasión de que su familiar trabajaba en la dependencia.»
Los hechos adquieren mayor relevancia y gravedad cuando se supo que los abusos transcurrieron en el COPNAF por cuanto a dicho Organismo le corresponden las competencias institucionales otorgados por la Ley Nº 9861 de “Protección integral de los derechos del Niño, el Adolescente y la familia”, por ser éste la máxima autoridad provincial administrativa de protección de derechos reconocidos en la mencionada normativa vigente.
«El poder judicial debería haber actuado con mayor severidad en la pena impuesta debido a que es responsabilidad de toda la ciudadanía velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero además existe una responsabilidad mayor cuando lleva adelante este tipo de violaciones personal que debería ejercer un rol de garante de esos derechos» considera el comunicado y se exige que «el Juez de Garantías Nº 4 de Paraná, Mauricio Mayer, el próximo 20 de agosto pueda resolver un veredicto acorde a una perspectiva de género, y el cumplimiento del interés superior del niño, dictaminado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la cual Argentina es país signatario, como así también de las normativas vigentes que condenan con mayor severidad este tipo de delitos a la infancia».
Este caso no es un hecho aislado que toma gran repercusión pública en el COPNAF por lo que hacen un llamamiento «a sus trabajadoras y trabajadores y autoridades a prestar todo el apoyo y compromiso para que los abusadores y violadores de derechos sean visibilizados y denunciados por sus acciones y se aparten a todos aquellos que cuentan con antecedentes, denuncias o causas abiertas por actos tan graves y repudiables».
«Resulta ya inadmisible que, en cualquier lugar del Estado, existan personas que vulneran derechos, por lo cual solicitamos a las autoridades prestar especial interés en los perfiles de personas que se integran a trabajar en los organismos y se aplique inmediata y obligatoriamente la Ley Micaela en todos los organismos del Estado» finaliza el comunicado de la Asamblea.
