El grupo radicalizado Resistencia Mapuche Lavkenche se adjudicó un ataque incendiario realizado en la madrugada del domingo. El resultado fueron quince viviendas quemadas en el sur de Chile, región que vive un largo y ya enconado conflicto por la tierra entre las comunidades indígenas y las grandes empresas agrícolas y forestales. La Resistencia publicó un bando de cuatro condiciones para no realizar más acciones dirigido al flamante presidente Gabriel Boric,
El ataque ocurrió en Cañete, región de Biobío, seiscientos kilómetros al sur de Santiago de Chile, y no causó ninguna víctima. En su comunicado, la organización avisa que “a menos de veinte días de asumir el Gobierno de Bori,c ya ha quedado de manifiesto su desconocimiento absoluto del conflicto territorial que se vive en Wallmapu”, como llaman los mapuches a su tierra. Elgobierno trata de «mostrar una cara permisiva y amable frente al conflicto territorial (…), pero sin atacar el problema de fondo».
La Resistencia le dió un plazo de 48 horas a Boric para cumplir cuatro condiciones, si no quiere «nuevas movilizaciones en todos los territorios». Entre sus demandas están el retiro inmediato de todas las querellas en las cuales el gobierno es acusador de mapuches, el traslado a centros de educación y trabajo de todos los condenados mapuches que estén en condiciones legales de hacerlo, que el gobierno ordene a sus abogados que son parte de la persecución a los presos políticos mapuches a no presentarse a litigar en los alegatos del recurso de nulidad que se discutirá este lunes 4 de abril en la Corte Suprema y la destitución de todos los abogados de las delegaciones provinciales que han litigado en las causas mapuches.
Después del ataque, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve anunció una reunión extraordinaria en La Moneda, sede de Gobierno. En varias regiones del sur de Chile existe desde hace décadas una enquistada disputa entre el Estado, algunas empresas forestales y agrícolas pertenecientes a grandes grupos económicos y algunos colectivos indígenas que reclaman la devolución de tierras que consideran ancestrales. En el marco de este conflicto, que se ha agravado en el último año, se registraron numerosos disturbios, ataques a maquinaria agrícola y predios, huelgas de hambre de presos indígenas, incendios y tiroteos con víctimas mortales.
El gobierno conservador de Sebastián Piñera optó por una solución represiva y puso al sur del país bajo un estado de excepción con control militar. Boric levantó la medida y envió a funcionarios de rango a dialogar. Pero su ministro del Interior Izkia Siches fue recibida a balazos en Araucanía hace dos semanas y la subsecretaria del Interior no pudo llegar justamente a Cañete por un corte de ruta en protesta por su visita. Los viajes fueron desviados y se cumplió la agenda de hablar con víctimas de la violencia estatal.
Fuente: Página 12
